Rentabilidad de la flota y criterios sociales y ambientales, un binomio bien avenido


El pasado 18 de Febrero la Comisión Europea publicó el “Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los esfuerzos realizados por los Estados miembros en 2011 para alcanzar un equilibrio sostenible entre la capacidad de pesca y las posibilidades de pesca“.

En él se establece que España comunicó a la Comisión Europea que la capacidad de la flota sigue decreciendo, pero sigue siendo superior en cierta medida a las posibilidades de pesca, y que la flota tiene capacidad para capturar más recursos de los que se le han asignado mediante cuotas. También señala una situación de infrautilización en una parte de la flota tanto en las zonas de pesca nacionales como en aguas internacionales, si bien se observa una tendencia descendente entre 2008 y 2011. Solo se facilita información sobre la situación actual de las flotas en lo que se refiere a los ingresos ordinarios/ingresos de equilibrio. Ello se debe en parte a que no se han facilitado datos desagregados sobre las capturas desagregadas. Según el informe nacional español, todas las flotas operan con beneficios. Las ayudas que reciben los armadores se incluyen en el cálculo de los ingresos.

Estos resultados no acaban de cuadrar con los presentados en el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP) de la Comisión Europea, que es el principal organismo de análisis de la Comisión Europea. Según el informe ” The 2012 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet” en 2010 (últimos datos disponibles) la flota española en su globalidad obtuvo beneficios netos únicamente gracias a los subsidios (20,8 millones de € con subsidios, -11,8 millones de € sin subsidios). Y si se eliminan los subsidios por segmentos las flotas de<10m que utilizan artes móviles y pasivos, los buques con redes de arrastre demersal y redes de tiro de 18-24 y 24-40 m y los palangreros de 24-40 m y >40 m no cubrieron gastos.  Este último informe remarca, una vez más, que España no ha facilitado todos los datos necesarios (por ejemplo no ha facilitado la información sobre capturas), aspecto éste que debería ser subsanado urgentemente.

¿Cuál es la situación real? Lo cierto es que en el marco actual de restricciones presupuestarias es más que nunca imprescindible ajustar urgentemente la capacidad de la flota a la capacidad del ecosistema con el fin de facilitar que se incremente la rentabilidad de la flota resultante, al tiempo que este crecimiento se realiza de manera que la riqueza generada se distribuya lo máximo posible.

El ajuste entre capacidad de flota y capacidad del ecosistema se puede hacer de muchas maneras, dejando que sea el mercado el que elimine las embarcaciones menos rentables (por ejemplo a través de las cuotas individuales transferibles), o tratando de utilizar una mezcla de mercado y regulación para conseguir unos fines sociales y ambientales particulares (por ejemplo más trabajo, menor impacto posible sobre el medio ambiente, mejor calidad del producto, etc.).

En buena medida tanto la riqueza generada, como la distribución de la misma, la ocupación generada, el impacto sobre el medio ambiente, y la calidad del producto obtenido dependerán de la composición de la flota que realice la pesca, por lo que la priorización entre unos u otros segmentos de la flota debe formar parte del núcleo regulatorio de la política pesquera común. Un reciente artículo publicado en la revista Marine Policy (Guillen,J., et al., número 40, 2013)  “Estimating MSY and MEY in multi-species and multi-fleet fisheries, consequences and limits: an application to the Bay of Biscay mixed fishery” muestra la importancia del mix de la flota que trabaja en una pesquería mixta, y cómo optar por unas flotas u otras tiene una gran incidencia en los resultados sociales y económicos obtenidos, una vez ha sido fijado el objetivo socio-ambiental (Rendimiento Máximo Sostenible) o económico (Rendimiento Máximo Económico) global para la pesquería. Por eso es imprescindible que la nueva reforma de la política pesquera común establezca como obligatorio la inclusión de criterios sociales, ambientales y económicos transparentes en la distribución de los recursos pesqueros.

El pasado 6 de febrero el Parlamento Europeo introdujo la enmienda 227 en la que se decía: Al asignar las posibilidades de pesca que tengan a su disposición de conformidad con el artículo 16, los Estados miembros aplicarán criterios medioambientales y sociales transparentes y objetivos, tales como el impacto de la pesca en el medio ambiente, el historial del cumplimiento y la contribución a la economía local. Podrán aplicarse igualmente otros criterios como los niveles históricos de captura. Los Estados miembros, dentro de las posibilidades de pesca que se les hayan asignado, preverán incentivos a los buques pesqueros que utilicen artes de pesca selectivos o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental, en particular un bajo consumo de energía o menores daños al hábitat.

Ojalá que el Consejo de Ministros de la Unión Europea, y en particular el gobierno español,  tomen en cuenta esta propuesta y en el proceso de negociación entre Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,  la acepte, sería un importante paso  en la dirección adecuada.

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