La historia no es suficiente, los criterios de acceso al recurso pesquero deben cambiar


Que la situación en términos ambientales, sociales y económicos del sector pesquero europeo es preocupante es un aspecto reconocido –con matices- por prácticamente todos los actores involucrados en la reforma de la política pesquera común. No es de extrañar, basta con mirar las estadísticas relacionadas con el estado de los ecosistemas marinos y los stocks pesqueros o los terribles ritmos de decrecimiento de los pequeños pescadores incapaces de garantizarse un futuro digno.

Lo que lamentablemente no está tan claro es el calado de la voluntad de reforma. Para unos (parte de la gran industria pesquera y parte de administración) es suficiente para la futura reforma de la política pesquera el ajuste de algunos aspectos puntuales. Para otros: pescadores artesanales, ONGs ecologistas, la inmensa parte de la comunidad científica, buena parte de la opinión pública y parte de la administración es necesario que la nueva política pesquera común sea un motor de cambio profundo. Una transformación que premie las mejores prácticas pesqueras para permitirles que tengan un futuro económico satisfactorio, y por el contrario desincentive las prácticas pesqueras más inadecuadas obligándolas por un lado a cumplir la legislación y por otro lado a modificar sus prácticas insostenibles conduciéndolas a modelos productivos más sostenibles.

En pocos temas se pueden ver las diversas visiones más claro que en la decisión sobre cómo distribuir los recursos pesqueros. La distribución de los recursos es el aspecto nuclear de cualquier sistema pesquero, por lo que los puntos de vista respecto a este factor son una piedra de toque de las verdaderas ganas de hacer un cambio significativo en las políticas públicas de pesca.

Mientras que buena parte de los pescadores artesanales, plataformas como OCEAN2012 y parte de la administración promueven que se prioricen, en el acceso a las cuotas de pesca, las actividades pesqueras con mejores valoraciones en un conjunto de criterios ambientales, sociales y de cumplimiento con la legislación, otros actores (entre ellos parte de la administración pública y algunos actores vinculados a parte del sector industrial pesquero) se mantienen tercamente en la idea de que existen unos “derechos históricos” sobre el recurso público que es la pesca. Sin entrar en la discusión sobre la legitimidad de la existencia de “derechos históricos” sobre los recursos naturales públicos (concepto que no comparto), lo que es seguro es que esta postura no hará modificar la situación hacia una mejor situación ambiental y social. Recientemente un representante público español decía que prefería no tocar los “derechos históricos” y que a los pescadores artesanales ya se les promocionaría mediante otras vías. No me parece la mejor alternativa. Si queremos transformar el modelo pesquero hemos de modificar el núcleo de la política pequera y no quedarnos en la periferia. En mi opinión el primer elemento básico de una política deseable es favorecer el acceso al recurso pesquero para aquellos que tenga mejores comportamientos ambientales y sociales, y esta idea es aplicable a todas las artes de pesca y modelos pesqueros ya sean artesanales, semiindustriales o industriales. Es la mejor vía para hacer evolucionar el sistema en su conjunto en la decisión deseada.

Alguien podría plantarse que una medida así crearía un conflicto social sin precedentes con los pescadores que ya están trabajando, no es cierto. Se podría por ejemplo establecer un sistema en el que inicialmente la parte de cuota asignada bajo criterios ambientales, sociales y de cumplimiento normativo, fuera pequeña (pongamos un 5% ) para ir creciendo paulatinamente con el tiempo, incentivando así a la transformación progresiva del sistema pesquero.

La urgencia de las problemáticas y la oportunidad política requiere medidas decididas que nos orienten en la dirección adecuada. No nos podemos permitir el lujo de establecer una política que no cambie en los elementos básicos y que únicamente acabe dando alguna ayuda pública más a los pescadores artesanales (ayudas que probablemente irán decreciendo en el tiempo en un marco financiero cada vez más complicado) , o esperando que sea el comprador el que decida premiar las prácticas más sostenibles. Ambos aspectos son probablemente deseables pero no suficiente, si no modificamos las normas del acceso al recurso pesquero corremos el riesgo de quedarnos en una reforma que de reforma se quede con poco más que el nombre.

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